Article Catedràtic Dret. Funcionario Público Como Victima Selectiva

FRANCISCO J. BASTIDA.

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son
presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar
responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente
proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas
que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el
punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más
de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios
se aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su
status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y
de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la
garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento;
una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece
constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la
capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la
idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en
los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos
funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se
apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero
esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de
derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos
cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades
y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se
encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que
ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser
representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y
a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia
él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han
surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y
de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación
entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para
acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del
complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la
intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,
influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la
composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo
una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el
fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales,
son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten
contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si
la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si
lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para
todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo
más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal
a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema
básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva.

Reducir los llamados «moscosos» o días de libre disposición -que nacieron en parte como un
complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de
esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y
desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar
que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia
para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus
generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás
tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no
ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo.

Antonio Nieto

2012/6/29 Dunia Sanchez <duniasan>

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